Marcelo Cavarozzi - Autoritarismo y democracia

CAP I: EL FRACASO DE LA “SEMIDEMOCRACIA” Y SUS LEGADOS En 1955, una insurrección cívico-militar puso fin al gobierno peronista. Esto no sólo llevó al derrocamiento de Perón sino que logró desmantelar el modelo político prevaleciente durante los diez años anteriores (gobierno de masas- líder que relegaba a segundo plano los canales parlamentarios y partidarios y que consideraba la oposición como manifestaciones intereses sectoriales ilegítimos). Los líderes del golpe del 55 caracterizaron al régimen peronista como una dictadura totalitaria y levantaron estandartes de la democracia y la libertad proponiéndose como objetivo el establecimiento de un régimen parlamentario y de partidos. Esto se frustró recurrentemente: en 1955, en 1962 y en 1966: administraciones militares con el objetivo de la proscripción del peronismo (y su definitiva erradicación). El peronismo era percibido como un fenómeno adverso a las instituciones y valores democráticos. Estos intentos frustrados de lograr una estabilidad institucional no impidieron que se configuraran nuevos modos de hacer política que dejaron un legado político-ideológico con el que tuvieron que lidiar los actores a partir de 1966. Los elementos más importantes de esos nuevos modos de hacer política son tres: 1) El surgimiento de desfasajes significativos entre el nivel de los intereses económicos, por un lado, y de los bloques políticos, por el otro. 2) La formación de un movimiento sindical peronista con características nuevas, que se constituyó en un actor político autónomo y articuló una estrategia defensiva y de oposición. 3) El ingreso de los militares a la arena política asumiendo un rol tutelar en el marco de los regímenes semidemocráticos y luego, expandiendo su esfera de intervención con el objetivo de acabar con las prácticas parlamentarias y democráticas. Argentina pos ́55: una comunidad política desarticulada. Derrocamiento del gob peronista en 1955 fue promovido por un amplio frente político: partidos no peronistas, representantes de las clases medias y la burguesía urbana y rural, las Fuerzas Armadas y la Iglesia. Pero todos perseguían objetivos dispares, lo que los mantuvo unidos por cierto tiempo fue la bandera de la “democracia” que se oponía al carácter dictatorial y totalitario de Perón. El peronismo sobrevivió a la caída de su gobierno y se constituyó en el eje de un vigoroso movimiento opositor. Sin embargo, los antiperonistas consideraban que la proscripción del peronismo era una acción democrática. El corolario de la exclusión del peronismo fue una profunda disyunción entre la sociedad y el funcionamiento de la política en Argentina que llevó al surgimiento de un sistema político dual (mecanismos parlamentarios coexistieron con modalidades extrainstitucionales de hacer política). Los bloques de sociedad (sector popular y frente antiperonista: sectores burgueses y de clase media) rara vez compartieron misma arena política pa resolución de conflictos y acuerdos. El sector popular quedo privado de toda representación mientras que sus adversaros sociales recurrían a mecanismos tanto parlamentarios como extrainstitucionales. Por lo tanto, las presiones populares fueron de carácter extrainstitucionales: el mov sindical peronista fue la expresión + poderosa del sector y se redujo a desestabilizar todos los regímenes civiles y militares del periodo. Por su parte, los partidos no peronistas y militares empezaron a encontrar diferencias en algunos casos antagónicas que se basan en dos razones: 1) los militares pierden su “vocación democrática” para respaldar regímenes autoritarios; 2)partidos no peronistas (respaldan instituciones) se transforman en el principal canal de expresión de una compleja interacción entre dos controversias a partir de la caída de Perón: a) Rol del gobierno en erradicación del peronismo: opciones desde “integracionismo”(gradual absorción de peronismo) hasta el “gorilismo” (extirpar completamt el cáncer peronista); b) Modelo socioeconómico que se establecería y que surge a partir de los distintos diagnósticos de la crisis económica argentina y sus recomendaciones alternativas: Había tres posiciones: 1. El populismo reformista no cuestionaba las bases del modelo peronista y alentaba a promover intereses de clase obrera y la burguesía urbana y proponía una política nacionalista moderada que impidiera/ limitara la presencia del capital extranjero en sectores. Solo formuló 2 críticas al gobierno peronista: *políticas peronistas desalentaron la producción agropecuaria; y *el fracaso de la promoción de la industria pesada/infraestructura económica. Las consignas del populismo reformista fueron promovidas por el radicalismo. En 1956, el partido se dividió: UCR Intransigente (frondizista) partidaria de una legalización gradual del peronismo y la UCR del Pueblo con una postura más dura, cercana a la de los militares (proscriptiva). Ambas adhirieron al programa de Avellaneda (mediadas nacionalistas y reformistas). Sin embargo, cuando Frondizi fue elegido presidente en el 58, cambió su orientación política al desarrollismo y solo los Radicales del pueblo mantuvieron el apoyo al populismo reformista. 2. Desarrollismo: sostenía que el estancamiento económico se debía a un retardo en el crecimiento de las industrias de base. Por eso era necesaria una “profundización” que abarcara la expansión de la producción de bienes de capital e intermedios y de la infraestructura económica. Se requería una incorporación masiva de capital extranjero a la economía. No prestó un apoyo irrestricto al modelo de conciliación de clases (modelo q consideraban contradictorio) sino que impugnó la introducción de ajustes del mismo. 3. La posición liberal fue más lejos en la crítica del proceso de industrialización iniciado en el 30. Criticaron modelo de conciliación de clases y la premisa en la que el desarrollo industrial era el núcleo dinámico de una economía cerrada. La imagen del mercado pasó a constituir la piedra fundamental de su posición: *implicaba apertura de la economía argentina y su reintegración al mercado internacional(reducción aranceles y eliminación “distorsiones” q protegía sectores “artificiales”: consideraban industrias creadas en el periodo anterior como “industrias artificiales/ficticias”; *reducción de la intervención estatal en la economía y restauración de la iniciativa del sector privado. A partir de 1955, los partidos políticos, organizaciones corporativas y corrientes ideológicas, a través de los cuales se expresaron las corrientes anteriores, entraron en numerosas alianzas y conflictos que tuvieron que ver con dos factores; 1) las predicciones de las consecuencias que previsiblemente tendría la implementación de las políticas económicas alternativas en relación con los intereses económicos de cada clase social, y 2) el modo en que la retórica, las plataformas y la ideología de cada partido o corriente aludieron a la cuestión del peronismo. Tales alusiones hacían referencia a las dos principales manifestaciones político-institucionales de la identidad peronista de los sectores populares: exclusión política que sufrían como ciudadanos, y su renovada adhesión a un mov q siguió definiéndose como parte del peronismo. La complejidad de la política argentina del período 1955-1966 se debió a que las adhesiones y oposiciones políticas generadas por los dos factores de los partidos estaban relacionadas pero no fueron coextensivas. La lógica de esta compleja interrelación fue gobernada por las oscilaciones pendulares de aquellos partidos, organizaciones empresarias y sectores militares que expresaron y articularon la posición liberal. Dichas oscilaciones respondieron a los programas concretos de los dos partidos que dieron cuerpo a las posiciones del populismo reformista y el desarrollismo. Los Radicales del pueblo tendieron a asumir posiciones cercanas al “gorilismo”( proscripción electoral del peronismo y establecimiento del sistema afiliación sindical q tuviera como consecuencia la atomización de la organización corporativa de la clase obrera) que despertaron la oposición de la conducción sindical. La fórmula del Radicalismo Intransigente era el reverso exacto. Luego de la asunción de Frondizi como presidente adoptaron un programa económico orientado a la expansión de las industrias productoras de bienes de consumo durable y de capital y la modernización y privatización creciente de los sectores de energía, transportes y comunicaciones. Este programa reservó un papel estratégico al capital extranjero e impuso inicialmente una drástica reducción del salario real. Sin embargo, ellos nunca abandonaron los objetivos “integracionistas" que anunciaron desde 1956. Trataron de reforzar el predominio peronista en el movimiento sindical pero indujeron (e incluso forzaron) a los líderes sindicales a actuar "responsablemente" (contener las "excesivas" demandas salariales y distanciarse del liderazgo ejercido por Perón). Excluido el peronismo, los dos partidos Radicales agotaban el espectro de fuerzas electoralmente significativas de fines de la década del cincuenta y principios de la del sesenta. La posición liberal carecía de la posibilidad de expresarse a través de un partido conservador fuerte, con posibilidades reales de ganar una elección presidencial. La síntesis programática liberal, la propuesta de: 1) erradicar al peronismo y pulverizar el sindicalismo peronista, 2) producir una drástica reducción del intervencionismo estatal y 3) eliminar los sectores industriales ineficientes, obtuvo la adhesión de amplios sectores de la burguesía argentina. Sin emb, se vieron forzados a elegir entre los dos "males menores". Cuando eligieron dar prioridad a sus objetivos económicos, como entre 1959 y 1961, tendieron a aliarse con el desarrollismo. Las negativas del gobierno frondizista a desmantelar la CGT y las idas y vueltas con respecto a la proscripción del peronismo agudizaron la tensión. En consecuencia, aquéllos se inclinaron por resaltar sus orientaciones antiperonistas (1956-1958 y 1962-1963) los llevo a unirse al populismo reformista. Los Radicales del Pueblo ofrecieron una plataforma antiperonista y antiintegracionista atractiva pero que constituía la antípoda del liberalismo en términos de política económica. En consecuencia, uno de los rasgos sobresalientes de la disyunción que recorrió al antiperonismo en este período fue que cada uno de los resultados sucesivos estuvo determinado por el sentido en que oscilaron los liberales. Al mismo tiempo, sin embargo, los liberales ejercieron sólo una influencia mínima en el curso seguido por la política y la economía. Los liberales adquirieron una conciencia creciente de la futilidad de sus pendulaciones y, hacia mediados de la década de 1960, esto fue un factor decisivo que indujo a los liberales a optar por una estrategia antidemocrática. Tal estrategia puso énfasis en la necesidad de eliminar aquellas mediaciones políticas, los partidos y los mecanismos parlamentarios que habían impedido la implementación del programa liberal. Los Sindicatos peronistas en la oposición El intento del régimen militar de 1955-1958 de rondar un régimen político basado en los partidos y en el fortalecimiento de los mecanismos parlamentarios fracasó. Sin emb tuvo consecuencias significativas. Más allá de haber causado el colapso del régimen peronista, la intervención militar favoreció, a partir de 1955, el surgimiento de una suerte de "parlamentarismo negro". Este estilo de política se fue conformando a raíz de la frustrada implementación de los proyectos de los militares "democráticos" y de la no prevista configuración de nuevos patrones de acción política que fueron prevaleciendo. La misma situación se reprodujo con las políticas hacia la clase obrera y las relaciones laborales. El régimen militar fracasó en sus intentos de erradicar al peronismo de la clase trabajadora. Asimismo, el régimen no logró imponer su proyecto de crear un sistema de afiliación y representación sindical múltiple, destinado a reemplazar las pautas establecidas por la ley peronista de los años 40. Sin emb estos intentos produjeron cambios importantes en el interior del movimiento obrero a partir de 1955: 1. El estilo de control político de la época peronista (tutelaje benévolo de la clase obrera por el Estado y en la subordinación ideológica del movimiento sindical a Perón) fue modificado. Los líderes sindicales peronistas que habían controlado los sindicatos hasta 1955 se vieron desplazados de la escena sindical. 2. El frustrado proyecto de los militares creó las condiciones para el surgimiento de un movimiento sindical peronista diferente que ganó independencia frente a Perón y fue capaz de desarrollar su propia estrategia política. 3. Perón no desapareció de la escena política aunque su rol sufrió cambios: *la naturaleza de su vínculo con las masas populares cambió (ya no puede satisfacer sus demandas y apelar periódicamente a ellas en forma directa); *su figura emergió como el principal símbolo del retorno; *Perón perdió su poder de controlar a los líderes peronistas ( algunos políticos provinciales y numerosos líderes sindicales, generaron bases propias de poder, lo cual les dio un espacio para desafiar la autoridad del "líder”); *un peronismo menos subordinado a la autoridad de Perón se transformó en un peronismo crecientemente proletario. Esta gradual transformación fue favorecida por un factor adicional: en cada ocasión que la proscripción electoral del peronismo fue levantada la esfera de acción de los líderes sindicales se vio expandida al tener la oportunidad de incidir en la lucha política en torno a los comicios. El voto de los trabajadores se transformó así en un instrumento de presión y negociación, comparable a los paros y huelgas. Los líderes sindicales del peronismo desarrollaron la capacidad de negociar con actores políticos no peronistas (partidos, asociaciones empresariales y militares). El poder del movimiento sindical peronista se amplió después de 1955. A partir de 1959 la economía fue transformada por la expansión de los sectores industriales productores de bienes intermedios y de consumo durable. Dichos sectores eran más intensivos en el uso del capital y estaban más penetrados por el capital extranjero que los sectores industriales de las dos décadas anteriores. Los nuevos sectores pronto desplazaron a estos últimos de su rol de núcleo dinámico del capitalismo argentino. El discurso de los sindicalistas peronistas reclamó la restauración de los atributos de antes de 1955( alianza entre la burguesía nacional y la clase obrera bajo el tutelaje protector del Estado; políticas económicas redistributivas; nacionalismo; la definición de la oligarquía (agraria) como el principal adversario social de las fuerzas “nacionales y populares” y el poder arbitral de Perón) El retorno de Perón, y de la Argentina peronista, dejó de ser objetivo político del movimiento sindical y se transformó, en un mito que cumplía dos funciones: a) permitió a los líderes sindicales interpelar a los obreros como obreros peronistas, y rescatar la raíz de su identidad colectiva, b) la adhesión a un objetivo político que era considerado inalcanzable por todos los sectores políticos importantes liberó a los sindicalistas de la responsabilidad de reconocer las consecuencias y corolarios políticos de su estrategia. El sindicalismo peronista no fue un movimiento meramente economicista; los objetivos económicos y políticos se entrelazaron dé una manera muy peculiar. Los sindicatos argumentaron que las políticas económicas y laborales de los regímenes no peronistas perjudicaban los intereses inmediatos de los trabajadores, y socavaban la posibilidad del retorno a la época dorada del peronismo (la burguesía argentina apoyo el programa económico y corporativo) Las prácticas políticas del movimiento sindical combinaron dos elementos: 1) un patrón de esporádicas penetraciones en los mecanismos de representación parlamentaria(capacidad de los líderes sindicales para influir sobre conducta electoral de los trabajadores); y 2) una acción de desgaste a largo plazo a los regímenes políticos que excluyeron al peronismo. Las administraciones del período 1955-1966 resultaron debilitadas por los efectos de la exclusión del peronismo de la escena política legal que llevó a la clase obrera a obtener concesiones a través del quebranto de las reglas formales: el sindicalismo peronista se tornó una fuerza subversiva. Los sindicalistas contribuyeron a crear circunstancias que indujeron a los militares a deponer a las administraciones civiles, o frustraron los objetivos de los regímenes militares, induciéndolos a abandonar el poder para evitar situaciones que hubieran requerido la aplicación de medidas represivas. La estrategia del movimiento sindical peronista tuvo 3 características: A) una ventaja importante: su poder se materializó a través de las acciones de otros actores. Esto permitió a los sindicalistas disociarse de las consecuencias indeseables de los ciclos de golpes y repliegues de los militares. B) que el movimiento sindical promoviera el logro de sus objetivos a través de otros actores dio lugar a que los objetivos de estos "intermediarios" interfirieran o modificaran los propios del movimiento sindical. C) el poder del sindicalismo se manifestara a través de la imposición de restricciones a las acciones de otros actores, ocultó su incapacidad para formular un diagnóstico propio de la crisis estructural que afectaba a la economía argentina desde fines de la década de 1940 y para proponer respuestas. Esta capacidad defensiva permitió al sindicalismo obstaculizar la implementación definitiva de las políticas de estabilización económica que se propusieron retrasar los salarios con respecto a los aumentos de otros precios, e inducir un aumento de la inversión privada. La capacidad defensiva del sindicalismo se manifestó a través de la articulación de "acciones de contraataque". Pero la resistencia sindical no pudo revertir algunos de los cambios introducidos: durante el período 1959-1961 —al igual que 1967-1969— se dio una importante expansión de los sectores industriales caracterizados por ser capitales intensivos y contener una presencia predominante del capital extranjero. El nivel de empleo industrial se estancó hacia mediados de los 50; los aumentos de la productividad de la mano de obra fueron mayores q los aumentos de los salarios reales. Los militares del periodo posterior a 1955: nuevos estilos de intervención política Los militares, constituyeron el tercer elemento importante de la fórmula política que emergió a partir de 1955. El éxito de la insurrección militar inauguró un nuevo patrón de intervención militar en la política argentina. Entre 1930 y 1955, las fuerzas armadas se habían constituido en guardianes de los gobiernos constitucionales, derrocando tres administraciones civiles. Sin emb, a excepción del corto período entre 1943 y 1945, los militares se abstuvieron de participar directamente en la conducción del Estado y no se propusieron institucionalizar regímenes no democráticos controlados permanentemente por las fuerzas armadas. A partir de 1955, los militares modificaron ese patrón de intervención. Durante una primera etapa, desarrollaron un estilo de intervención tutelar, que resultó en 1) la exclusión del peronismo del proceso electoral y de las instituciones representativas del Estado, y 2) el ejercicio de presiones y de su poder de veto sobre las medidas e iniciativas políticas del gobierno constitucional instalado en 1958. Durante el período de intervención tutelar, los militares coartaron las prácticas y principios democráticos de dos maneras: denegaron el derecho a elegir los candidatos de su preferencia a una porción significativa de la ciudadanía y recurrieron a la amenaza de deponer las autoridades constitucionales si las mismas no satisfacían sus demandas (todo esto en nombre de la democracia). El peronismo y, luego de 1959, el comunismo fueron equiparados con la "antidemocracia". A principios de la década de 1960, importantes sectores de las fuerzas armadas comenzaron a darse cuenta de que los beneficios obtenidos mediante la intervención tutelar eran inferiores a los costos ocasionados por ésta. La invocación militar a un respaldo de las organizaciones políticas "democráticas'' había forzado a las fuerzas armadas a restringirse a las alternativas políticas que ofrecían los partidos. Eran percibidas por la opinión pública como responsables de la distorsión de las prácticas democráticas y el alto grado de compromiso de los militares con el manejo de los asuntos públicos implicó que debieran asumir posiciones específicas con respecto a asuntos de política económica, represión política, legislación laboral y cuestiones semejantes, lo cual contribuyó a generar una profunda fragmentación interna. La fragmentación militar alcanzó su punto más crítico entre los años 1959 y 1963, a raíz de confrontaciones entre facciones opuestas que culminaron en enfrentamientos armados. La victoria de una de estas en 1963 —los "azules", y la emergencia del general Ongania— abrió el camino a una profunda revaluación de la estrategia política de los militares. Las prácticas de intervención tutelar fueron abandonadas en la medida que se las percibió como responsables de la pérdida de prestigio y unidad de las fuerzas armadas. A partir de 1963, con el advenimiento de los Radicales del Pueblo al poder, los militares suspendieron su intromisión en los asuntos de gobierno. Sin embargo, el interregno "profesionalista" de 1963-1966 —y la reunificación del ejército, y del conjunto de las fuerzas armadas, alrededor de Onganía— precedió e hizo posible la articulación definitiva de la doctrina de la "seguridad nacional”. Uno de los principales corolarios de la doctrina emergente fue que las fuerzas armadas deberían asumir la responsabilidad única en el manejo de los asuntos públicos, con la exclusión de los partidos políticos y la abolición de los comicios y los mecanismos parlamentarios. Onganía y sus asociados llegaron a la conclusión de que el experimento semidemocrático iniciado en 1955 debía darse por concluido ya que tenía dos inconvenientes: * incentivaba la fragmentación militar; * esa situación inducía a los políticos a no trascender las demandas sectoriales de corto plazo de los diversos sectores sociales, haciéndose imposible el crecimiento económico sostenido. Todo eso, a su vez, proveía un terreno fértil para la subversión. Los grupos liberales recibieron con beneplácito la posición antipartidista adoptada por las fuerzas armadas, ya que resolvía el problema de su carencia de votos y les proveería los medios para dar un golpe final a los sindicatos peronistas. Lo que resultó en parte paradójico fue que las consignas de los militares fueron acogidas con beneplácito tmb el sindicalismo peronista y la corriente hegemónica dentro de él, o sea el vandorismo. La presencia de militares que condenaban el juego partidario integro (no solo peronismo), y parecían responder a consignas de tono nacionalista, estatista y contra el gran capital fue vista por los sindicalistas peronistas como el posible agente catalizador de un régimen político no parlamentario que sirviese para cimentar la alianza entre fuerzas armadas y sindicatos que se había frustrado en 1955. CAP II: EL PREDOMINIO MILITAR Y LA PROFUNDIZACION DEL AUTORITARISMO A partir de 1966 subsistió el patrón de alternancia entre gobiernos militares y civiles; sin emb la similitud con la década previa fue superficial. En realidad, a pesar del naufragio de los proyectos de 1966, 1973 y 1976, cada cambio de gobierno estuvo asociado a una ruptura con respecto a las modalidades previas de hacer política e introdujo novedades significativas. Desde 1966, entonces, no ha habido una manera común de hacer política como ocurrió en el período previo a pesar de que existieron continuidades. El golpe de 1966: la suplantación de la política por la administración En junio de 1966, la culminación de la tarea de "profesionalización" de las fuerzas armadas encarada por el líder triunfante de los enfrentamientos militares de 1962-1963 Ongania, coronó la coincidencia implícita de sindicales y liberales en apoyo al golpe militar q derrocó a Illia. Los objetivos que se propuso la "Revolución Argentina" fueron: *suspender las actividades de los partidos políticos y de las instituciones parlamentarias; *consagrar la desvinculación de las fuerzas armadas del gobierno (“no gobernaran ni cogobernarán") Todo esto reconoció e intentó implementar los consensos del golpe: erradicación de la “partidocracia”, y la presunción de que el líder de la exitosa operación de unificación de las fuerzas armadas se transformaría en un monarca autocrático ocupando la cúspide de un régimen en el que el único que haría política sería el gobierno. Producida la unidad (militar y social) y superado el conflicto, la política dejaría el lugar a la administración con el resultante predominio de técnicos situados por encima de los intereses sectoriales. A su vez, el golpe tuvo una retórica corporativistica (articulación de los “consejos de la comunidad”) La centralidad que ocupó en la propuesta de Onganía la temática de renovación (y simplificación) de la política argentina respondió a la convicción de que el problema de la Argentina era un problema político, y que de lo que se trataba era de barrer con la intermediación de los circuitos partidarios, parlamentarios y corporativos para que se desplegaran las potencialidades de crecimiento económico. En el plano de la economía la fórmula consistió en reeditar las recetas desarrollistas ensayadas entre 1959 y 1962. Los objetivos del desarrollismo habían sido los de reinsuflar dinamismo a la economía sobre la base de completar la integración vertical del sector industrial y el desarrollo y modernización de la infraestructura y restaurar el predominio de las unidades oligopólicas y más transnacionalizadas dentro de dichos sectores. *Éxitos económicos alcanzados hasta la primera mitad de 1969: una normalización sin costos sociales demasiado elevados, aumento de la inversión, descenso de la tasa de inflación, mejora en la situación de la balanza de pagos. *Éxitos políticos hasta 69: los partidos cayeron en inactividad, loe sindicatos fueron forzados a aceptar la abolición del derecho de huelga y la intervención gubernamental de los gremios industriales más importantes, y Perón fue convirtiéndose en una especie de muerto político despojado de todas las armas que había utilizado entre 1955-1966 para desestabilizar a gobiernos civiles y militares. Sin embargo, entre fines de 1966 y mediados de 1969 hubo dos espacios en los cuales fueron dándose fenómenos novedosos cuyas repercusiones sobre la política nacional se manifestarían a partir de mayo del 69. 1) creciente gravitación de corrientes internas dentro de las fuerzas armadas —paternalistas, nacionalistas y liberales—Las causas subyacentes de las divergencias giraron en torno a temas tales como la política a seguir con respecto al movimiento sindical, los objetivos de transformación económica a largo plazo, el modelo político a instaurar después de completadas las etapas de ordenamiento y depuración. Lo que sí cambió a partir de 1966 fue que las disensiones internas se dieron dentro de un ordenamiento institucional en el que quedaba excluida la gimnasia conspirativa que los militares habían desarrollado entre 1955-1966. El caudillo militar de los tres años previos fue quedando aislado de sus camaradas de armas. La rígida personalidad de Ongania contribuyó también a que se fueran evaporando las posibilidades de que éste respondiera a sugerencias o presiones de dichos camaradas a través de ajustes parciales o negociaciones. 2) Entre 1955 y 1966 algunas organizaciones fundamentales de la sociedad civil, como los sindicatos y las asociaciones empresariales, desbordaron los canales institucionales gubernamentales; sin embargo, las movilizaciones y las acciones colectivas de obreros y empresarios lo hicieron subordinándose a una lógica de negociación de cúpulas que jerarquizó la supervivencia de las respectivas organizaciones corporativas y la estabilidad de sus dirigentes. Los dirigentes tendieron a utilizar la movilización como arma para el chantaje frente a otros actores y el Estado. Las medidas antisindicales tomadas a partir de fines de 1966 forzaron a aceptar las políticas gubernamentales. El éxito de la estrategia oficial de intransigencia se sumó a otras causas que venían minando el poder y el grado de control de la dirigencia sobre las bases obreras desde antes del golpe de junio de 1966 (*política de creación de sindicatos por empresa y no uniones de alcance nacional, y * favorecer el pluralismo sindical buscando el debilitamiento de los sindicalistas peronistas). En 1968 comenzó a insinuarse un proceso, que se profundizó a partir de 1969, por el cual se resquebrajaron las complejas ligazones que habían mantenido articulado un sindicalismo unificado con eje en el poderoso dirigente del gremio metalúrgico, Augusto Vandor. Entre 1959 y 1966 el poder del vandorismo había resultado de su capacidad de subordinar a una lógica común a los restantes nucleamientos sindicales peronistas y no peronistas. Durante 1968-1969 el vandorismo comenzó a perder buena parte de esa capacidad al ser flanqueado por la derecha y desbordado por la izquierda. La ruptura por parte del gobierno del diálogo con ellos los privó de una de las patas en las que se apoyaba su estrategia, la negociación con el Estado. Fue la desvalorización de la estrategia vandorista lo que permitió que en marzo de 1968, en un congreso de la CGT convocado sin el reconocimiento gubernamental, una heterogénea combinación (peronistas duros, "independientes” progresistas y marxistas ajenos a la ortodoxia del pc), se impusiera al vandorismo y designara a Óngaro, un obrero gráfico, secretario general de la CGT. Vandor desconoció los resultados y convocó a un nuevo congreso que nombró otra mesa directiva, con lo que, en la práctica, pasó a haber dos CGT. La CGT de los Argentinos (Ongaro) fue perdiendo rápidamente la adhesión de la mayoría. Sin emb, su discurso de oposición frontal al régimen de Onganía y de condena a las tácticas de los "blandos" y los vandoristas fue acentuando los contenidos anticapitalistas y mantuvo vigencia. El discurso de la CGT de los Argentinos se constituyó en un material ideológico y "práctico" disponible para ser apropiado por otros protagonistas en acciones colectivas más masivas. Las insurrecciones populares de 1969, que tuvieron su episodio más significativo en el Cordobazo, fusionaron a obreros, empleados, estudiantes y pobres urbanos, y fueron el disparador de las tensiones que se habían ido acumulando desde la implantación del gobierno militar. A la explosión popular, que expresó el aislamiento e ignorancia del gobierno frente a la sociedad, se sumó la renuncia de las fuerzas armadas a desencadenar una represión más sistemática y severa que la aplicada hasta entonces, como lo requería un Ongania. La imagen de un Estado aislado, cuyo discurso autoritario perdió resonancia en la sociedad y se quedó sin soportes activos socavó la legitimidad del gobierno e impregnó a la misma sociedad A partir de 1969 se superpusieron dos crisis: a) la del régimen militar autoritario, cuyo despliegue pasó a ser gobernado por el entrecruzamiento de los conflictos internos de las fuerzas armadas y un frente de oposiciones políticas que fue convergiendo en torno a la persona de Perón; b) la crisis de la dominación social, que se expresó a través de la incertidumbre acerca de la continuidad de prácticas y actitudes antes descontadas como "naturales" de clases y sectores subordinados. En 1969 se abrió un período inédito en la historia argentina, en el que resultó cuestionada y corroída la autoridad de los "que dirigían" las organizaciones de la sociedad civil (algunos dirigentes sindicales, los profesores y autoridades de universidades y escuelas, la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica y los gerentes y empresarios) Desde el Cordobazo hasta la defenestración del sucesor de Onganía, el general Levingston, la agudización de la crisis del régimen militar acentuó la seriedad de las amenazas a las bases mismas de la dominación social. El empecinamiento de Onganía en procurar el imposible salvataje de su esquema, y el intento de Levingston de "profundizar'' la "Revolución Argentina" dándole un carácter más nacionalista y movilizacional, les alienó el apoyo del grueso de sus camaradas y acentuó la crisis social al superponer y fusionar, las contestaciones antiautoritarias con las primeras manifestaciones de otros tres tipos de cuestionamientos: a) centrados en las políticas económicas "liberales" y que comenzaron a exigir la satisfacción de las reivindicaciones de los sectores + postergados a partir de 1967 (empleados públicos y privados de calificación más bajos, los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores de industrias y servicios más tradicionales, y la población que resultaron afectadas por programas de racionalización económica; b) los que antes reclamaren la liberalización política del régimen militar, pasaron luego a exigir una plena democratización con la celebración de elecciones sin proscripciones ni condicionamientos; y c) los que promovieron la insurrección popular armada para instaurar un orden social y político alternativo de carácter no parlamentario y "socialista nacional”. La agudización de la crisis tuvo como efecto que se desarticulara la “habitualidad” política construida desde el 66. Los mecanismos políticos propuestos en estos 3 años de dictadura perdieron sentido y dejaron de ser el referente orientador de las acciones de sus anteriores partidarios y de sus opositores. Los proyectos de Onganía y Levingston de entrar en el "tiempo social" y de promover la creación de un "movimiento nacional" que seguiría postergando a los partidos y se basaría en un reacercamiento con los sindicatos continuaron ocupando el centro de la escena política. La consecuencia de la obstinación y ceguera de ambos presidentes provocó un bloqueo de la posibilidad de emergencia dé un proyecto alternativo del gobierno de rearticulación de las orientaciones y acciones de las distintas fuerzas que operaban en la sociedad argentina. Esta "demora" fue tornándose cada vez más peligrosa: al espanto que despertaron en la gran burguesía propuestas que se alejaban del esquema normalizador de Krieger Vasena, se fue sumando el agudizamiento de la crisis social con la difusión de consignas más radicales (alcanzan su pico en el segundo Cordobazo a principios de 1971 que tuvo contenidos mal clasistas e insurreccionales que el primero). En un primer momento, y coincidiendo con el postrer año del régimen de Onganía, lo que estuvo en danza fue una suerte de liberalización en torno a la figura del ex presidente Aramburu, cuyo secuestro y asesinato por la guerrilla peronista en mayo de 1970 precipitó la caída do Onganía. Con la desaparición de Aramburu y la "pérdida de tiempo" ocasionada por la "profundización" de Levingston, la única opción restante fue la de una promesa de democratización, en la que los militares, consintieran en traspasar el poder a un gobierno surgido de elecciones. La operación implementada por el tercer presidente militar, el general Lanusse, partió de reconocer el limitado margen de iniciativa del gobierno, desplazando el eje de la política del plano de la crisis social al de la dilucidación de las características específicas del régimen que reemplazaría á la dictadura militar. Durante esos meses cruciales, se reentretejió el tramado de la política con la recomposición de una cierta habitualidad que sirvió para cerrar la brecha de imprevisibilidad e indeterminación abierta a partir de mayo de l969. Este proceso tuvo como principal virtud la de rearticular la crisis social a las pujas y conflictos en torno a la cuestión del régimen político. LA asunción de la presidencia por Lanusse permitió al gobierno recuperar la capacidad de determinar cuáles serian los campos en los que se librarían las batallas políticas de la sociedad argentina. Lanusse se comprometió a presidir la liquidación del régimen militar. El hecho de que las fuerzas armadas debieran limitar su objetivo a tratar de imponer las condiciones de su retirada de la cúpula del Estado les restó eficacia y credibilidad a sus políticas. El gobierno recuperó parcialmente la capacidad de fijar los parámetros de la acción política a costa de renunciar a cualquier cuota de iniciativa que hubiera podido mantener, cediéndola a oposiciones que no controlaba. A partir de marzo de 1971 las oposiciones capturaron la iniciativa política. Los años de Lanusse resultaron bastante diferentes a los dos años anteriores: la política fue adquiriendo un carácter más pautado: se pasó de una situación en la cual el gobierno fue desbordado y las acciones sociales quedaron sin cauces definidos, a otra en la que dichas acciones se fueron "organizando". En el caso de los actores que poblaban el campo de la oposición se propusieron objetivos muy disímiles; sin embargo, todos compartieron una orientación común: el percibir la crisis social abierta en 1969 como el terreno apto para alcanzar los objetivos propios. Perón maniobró utilizando la crisis en función de su aspiración a convertirse en el eje obligado de cualquier definición política que resultara, los partidos trataron de realzar su cualidad de mecanismos útiles para la contención de la crisis, los dirigentes sindicales y empresariales reaccionaron para defender sus privilegios corporativos y de aumentar su capacidad de maniobra en el futuro gobierno constitucional y la guerrilla reinterpreto los cuestionamientos celulares a la autoridad como la manifestación de un reclamo colectivo de constitución de un liderazgo político autoritario que condujera a la Argentina hacia la meta del "socialismo nacional". En la Argentina de 1971 a 1973 las prácticas de los agentes políticos, y de aquellos que componían el campo de la oposición política, contribuyeron a reabsorber o conjurar la crisis social. Todos esos agentes se situaron frente a las acciones sociales de carácter contestatario tratando de enhebrarlas a lógicas orientadas a la conquista del poder político. Esas lógicas se enfrentaron en dos planos diferentes: a) luchas entre el gobierno militar y las oposiciones que concluyeron en triunfos para estas últimas; b) propuestas alternativas en el campo de la oposición que no trascendieron el terreno de las consignas y las confrontaciones ideológicas. Se han destacado las consecuencias de dichas luchas sobre los acontecimientos posteriores a mayo de 1973 señalando que la derrota total de los militares determinó su repliegue hostil durante los primeros tiempos del gobierno peronista y que las propuestas alternativas del período prefiguraron los enfrentamientos que se desencadenaron dentro del frente triunfante en 1973, y dentro del peronismo, cuando desapareció el sustrato unificador proporcionado por el objetivo de desplazamiento del gobierno militar. La naturaleza de la crisis política entre 1971 y 1973 contribuyó a debilitar la autonomía de las contestaciones celulares de carácter antiautoritario. Esta circunstancia, que se acentuaría entre 1973 y 1975, respondió a que los agentes políticos del período no privilegiaron la capacidad de las fuerzas actuantes en la sociedad civil de promover cambios en las relaciones sociales. Las lealtades e identificaciones políticas tradicionales anudadas en torno al peronismo, y en menor medida al radicalismo, resultan fundamentales en coyunturas críticas como la abierta en 1969. En efecto, la recaptura del centro de la escena política por parte de Perón (y, en alguna medida, también por Balbín, el presidente de In Unión Cívica Radical) consagró el fracaso de Lanusse y los militares. La reaparición de los viejos astros de la política argentina y la repercusión alcanzada por sus discursos parcialmente renovados, también expresó la imposibilidad de las prácticas sociales contestatarias de generar un discurso propio posible de difundirse en el conjunto de la sociedad. La apertura democrática del periodo lanussista había atenuado los riesgos de la crisis social a costa de reforzar el arrinconamiento político de las fuerzas que habían predominado durante la etapa ascendente de la "Revolución Argentina". Retorno de Perón y fracaso de su proyecto de institucionalización política A pesar de todas las diferencias que separaban a Perón del Onganía de 1966, el viejo líder retornó al poder en 1973 compartiendo uno de los puntos esenciales del diagnóstico original de la "Revolución Argentina": que el problema de la Argentina era de carácter político (mientras Onganía trató de abolir la político, Perón trató de encauzarla institucionalmente) La fórmula de Perón apuntó a crear un doble arco de articulaciones de los actores sociales y políticos: 1) reedición de los acuerdos entre asociaciones gremiales de trabajadores y empresarios que habían comenzado a estructurarse durante el último par de años del anterior gobierno peronista. Se convocó a las entidades gremiales confederales, la CGT y la Confederación General Económica (CGE), a que acordaran los niveles generales de aumentos salariales. En varios aspectos la situación era más propicia que la de veinte años atrás x dos motivos: a) la coyuntura económica resultaba favorable debido a los buenos precios de los exportables en el mercado internacional y al apreciable margen de capacidad ociosa existente en el sector industrial; b) la CGE de principios de la década del 70 era una organización mucho más extendida y representativa: además del pequeño y mediano empresariado, sumo la presencia de grandes empresas de capital nacional y de las cámaras grupadas en la tradicionalmente antiperonista Unión Industrial Argentina q se auto disolvió y fusiono a la CGE. Distinta era la situación en el campo sindical. En él, la conducción vandorista, que seguía al frente de la CGT, había perdido terreno desde 1968 en favor de grupos de oposición y activistas de planta (dsd peronistas combativos hasta marxistas revolucionarios) La elección de la fórmula de Cámpora y Solano Lima reafirmó la declinación de los sindicalistas y el auge de la izquierda peronista, dentro de la cual los Montoneros habían anunciado que su objetivo era la exterminación física de los dirigentes sindicales. Si bien la suerte de los sindicalistas comenzó a revertirse a partir del golpe en contra de Cámpora, que los mismos sindicalistas contribuyeron a producir, los primeros meses del gobierno peronista se caracterizaron por un auge de las movilizaciones de trabajadores. 2) Otro conjunto de articulaciones resultó inédito. El propósito era el de convertir al Parlamento en un ámbito real de negociación entre los partidos, revirtiendo así la tendencia del peronismo a conferirles un aura de ilegitimidad. El rescate del Parlamento como ámbito de negociación y la propuesta implícita de crear un sistema de partidos representativo iba en contra del movimiento peronista. Este componente autoritario de la ideología y prácticas del peronismo, al que aparentemente Perón había renunciado en vísperas de su retorno al poder, era reivindicado por importantes sectores del peronismo. Fue por ello que los principales apoyos que encontró Perón a su proyecto de revitalización del Parlamento y los partidos estuvieron fuera del peronismo (radicalismo: Balbín y la derecha e izquierda parlamentaria: Alianza Popular Federalista y Alianza Popular Revolucionaria) La reconciliación entre el peronismo y el radicalismo fue el resultado del viraje ideológico de Perón y al cambio en las actitudes de los radicales, quienes comprendieron que la realización de la democracia en la Argentina pasaba por la integración del peronismo a la vida política. Esto exigía que los radicales dejaran de lado el apoyo que habían prestado a las cláusulas proscriptivas impuestas por los militares desde 1957 3) la redefinición del rol de las fuerzas armadas, tratando de quebrar el estilo de acción que había llevado a éstas a intervenir recurrentemente en la política. Para ello procuró preservar una esfera de autonomía corporativa (diferente a las "fuerzas armadas peronistas" que se había pretendido crear entre 1946 y 1955) y, aprovechando la inercia generada por la derrota política de los militares, procuró que éstos se subordinaran a las autoridades constitucionales del Estado, cuya cúpula pasó a ser ocupada por él. Resultó paradojal y propicio, desde el punto de vista de la valorización do la figura de Perón en relación a los militares, que la llegada de aquél a la presidencia hubiera sido precedida por el breve interludio camporista ya que realzaron la moderación de Perón. Sus mensajes pasaron a enfatizar la necesidad de privilegiar la participación organizada y canalizada a través de los cauces "naturales" por sobre las movilizaciones populares inorgánicas y a refirmar los preceptos tradicionales de la doctrina justicialista en detrimento de las temáticas del socialismo nacional y la guerra revolucionaria impulsadas por la izquierda. El complejo andamiaje político-institucional concebido por Perón fue apoyado por algunos sectores minoritarios del peronismo político y sindical, por la mayoría de los aliados del peronismo en el FREJULI y por la principal oposición partidaria, la UCR. Sin embargo, el esquema no llegó a implantarse ni siquiera mínimamente y el sucesivo desmorona miento de sus engranajes (DE RIZ) enhebró el proceso de licuación del gobierno peronista y el de la desarticulación política del campo popular. La consolidación del proyecto de Perón hubiera requerido desacelerar el tiempo político induciendo a los actores a privilegiar la eficacia a largo plazo de la reinstitucionalización de sus acciones en vez del impacto a corto plazo de triunfos que se pudieran obtener sobre contendientes coyunturales. La resolución de los sucesivos enfrentamientos entre los distintos contendientes internos del peronismo se fue produciendo a costa de hacer estallar "desde adentro" a los mecanismos parlamentarios y corporativos, determinando su vaciamiento como posibles canales de negociación de los conflictos. Los casi tres años del gobierno peronista presenciaron una constante aceleración del tiempo político que fue resultado de la premura de los actores internos del peronismo por consolidar sus ganancias inmediatas y desalojar a sus adversarios de toda posición de poder. Sobre el trasfondo de la intensificación del terrorismo guerrillero y paraestatal se fueron proyectando episodios que fueron minando la viabilidad del gobierno constitucional y del régimen democrático: *la salvaje limpieza de los sectores de izquierda,* el Navarrazo—destitución del gobernador y vice de Córdoba por el jefe de la policía provincial, convalidada por el ejecutivo nacional ejercido por Perón—, *la liquidación de Gelbard—dirigente de la CGE—, *el Rodrigazo, *la defenestración de López Rega y su camarilla y* la renuncia del ministro de Economía Cañero ante el sabotaje sindical a su programa. Loa jefes sindicales fueron uno de los actores que + contribuyeron a generar un patrón político en el que predominaron las consideraciones de corto plazo y la despreocupación por la consolidación institucional (con tácticas defensivas y oposicionistas que habían aprendido y ejercitado desde 1956 frente a gobiernos que proscribieron al peronismo). Ante la amenaza que las oposiciones sindicales los dirigentes de las 62 y la CGT reaccionaron impulsando una mayor centralización del aparato sindical y minando esfuerzos, como los de Gelbard y Cañero, de vincular la política de ingresos a las otras variables fundamentales de la economía. Hacia mediados de 1975 ya habían sido excluidos de la lucha por el poder, y pulverizados políticamente, la izquierda peronista y los sectores empresariales y políticos vinculados a Gelbard. La camarilla agrupada en torno a López Rega intentó liquidar al único contendiente de peso que se le oponía dentro del peronismo, la dirigencia sindical. Para esto se procuró contener mediante un retraso salarial la desenfrenada carrera de precios y salarios desatada desde 1974; y se trató de involucrar a las fuerzas armadas con la pretensión de que los militares se convirtieran en el sostén principal de un régimen político que tendiera a la liquidación completa de las instituciones parlamentarias y de las libertades públicas. La operación política concebida en torno al Rodrigazo resultó un descalabro total que culminó con la defenestración de López Rega y el deterioro de la figura de Isabel Perón. Sin embargo, ella constituyó un importante hito pues marcó el momento en que las fuerzas armadas y logran burguesía recuperaron la iniciativa política (militares comienza proyecto de liquidación de la democracia que iba mas allá de la coparticipación ofrecida por Isabel). Durante el lapso que medió entre el Rodrigazo y la caída de Isabel Perón en marzo de 1976 se fue configurando el síndrome de una sociedad desgobernada: *Por una parte, esto consistió en la desarticulación del frente de fuerzas que se había expresado a través del FREJULI y del arco de partidos parlamentarios que compusieron la oposición leal a su gobierno (radicalismo y la Alianza Popular Revolucionaria). El gobierno peronista perdió totalmt el contacto con la sociedad. La desarticulación abarcó el plano de la política global al reducirse a la salvaje confrontación de fuerzas armadas y a la caza de víctimas indefensas; la violencia se transformó en el recurso cotidiano, y casi exclusivo. Los comportamientos económicos de las principales clases sociales mantuvieron un paralelismo con la política: la búsqueda de la negociación y el acuerdo cesó. Los trabajadores procuraron que los salarios no se retrasaran excesivamente, lo que llevó a los dirigentes gremiales a demandar reajustes cada vez más frecuentes. Los empresarios desbordaron todo control o regulación que el Estado pretendió imponer a los precios y paralizaron la inversión. Todo ello conformó un patrón de economía de saqueo que redondeó la imagen de caos e incertidumbre absoluta de fines de 1975 y principios de 1976. *Por otra parte, la imagen de caos fue fomentada por los dos actores que se fueron constituyendo en los censores severos y externos del gobierno y de una manera de organización de la sociedad argentina: las fuerzas armadas y la cúpula empresarial liberal (reaparece con la creación de la APEGE—Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias—). En efecto, formularon críticas que denunciaron a un gobierno incapaz de "poner orden" y que apuntaba por elevación a toda una sociedad, con respecto a la cual el fue postulado como arquetipo de un estilo de organización en el cual los actores acostumbrados a la tutela de un Estado protector y omnipresente, desarrollaban conductas perniciosas que conducían a un estado do desorden. La negativa de las fuerzas armadas a involucrarse con un régimen en descomposición gratificó el antiperonismo de los miembros de la corporación militar y sus aliados sociales. La cuestión pasaba a ser la creación de una nueva sociedad y no simplemente la depuración y ordenamiento de las modalidades de organización política (para ellos este sería el quiebre con la política de los 30 años previos) El golpe de 1976: Revolución burguesa en contra de los proletarios...y de los burgueses Las sucesivas intervenciones militares fueron jalonando en crescendo los planos de la sociedad argentina cuestionados por las ffaa. Mientras en 1955 y 1962 los militares se limitaron a impedir la continuación de regímenes políticos a los cuales se oponían, ya en 1966 la ideología golpista propugnó la instalación de un régimen no democrático sostenido por las ffaa. En 1976 la ideología del golpismo fue más revolucionaria. Al proyecto de establecer un gobierno de las fuerzas armadas se agregó la visión de la necesidad de producir un cambio profundo en la sociedad argentina. El desafío de la guerrilla y la aguda crisis social que se superpuso con dicho desafío fueron interpretados por los militares como la manifestación de una sociedad enferma cuyos orígenes se remontaban a 1945, e incluso a 1930. El populismo y el desarrollismo modernizante aparecieron como las dos caras de una misma moneda. Para el diagnóstico de los militares de 1976, una de las pruebas más contundentes de los límites del desarrollismo y su confluencia con la premisa básica del populismo —la utilización del crecimiento industrial como eje dinámico de la economía argentina— fue el hecho de que el desarrollismo no dejó de propiciar un pacto con el sindicalismo peronista, demandándole o imponiéndole sacrificios, pero sentando las bases para la creación y expansión de su formidable poder organizativo: Frondizi con la ley de asociaciones profesionales y Onganía al no derogar aquella ley. Las razones por las que el liberalismo se impuso decisivamt tuvo que ver con que ellos pudieron aducir su inocencia en relación a las políticas económicas implementadas desde 1943. Si bien después de la caída de Perón algunas de las figuras del elenco liberal (Verrier, Alsogaray, Krieger Vasena, Martínez de Hoz y Pinedo) habían alcanzado a encaramarse en la cima de la conducción económica, ellos pudieron argüir que nunca habían tenido la vía libre para ejecutar a fondo las “verdaderas” políticas liberales. Los ministros liberales (en el 59-61 y 67-69, Alsogaray y Krieger Vasena) tuvieron que ejecutar sus políticas en el contexto, de administraciones cuyos titulares, Frondizi y Onganía, no compartían los preceptos del liberalismo e incluso sabotearon sus políticas económicas. En la Argentina de los 70 la ideología liberal tuvo una virtud adicional: por primera vez los viejos preceptos liberales (la reivindicación del mercado como mecanismo exclusivo de asignación de recursos y la crítica de las industrias “artificiales” y del “excesivo” intervencionismo estatal) tendieron a armonizarse con él pensamiento militar, proporcionando una filosofía fundante a una reformulada doctrina de seguridad nacional. En 75-76 los liberales pudieron articular un discurso en el que integraron 3 núcleos temáticos y que definieron la matriz del orden a erradicar: *la subversión ( las acciones guerrilleras y toda forma de activación popular, y todo cuestionamiento a la autoridad); * la sociedad política populista (el peronismo, los sindicatos, “oposiciones complacientes"—radicales e izquierda parlamentaria— y el Estado tutelar); y, *la economía urbana apoyada en la dinámica del sector industrial(clase "obrera "indisciplinada" y un empresariado “ineficiente”). El recetario liberal del 76 enfatizó la idea del estado fuerte. Los gobernantes militares y sus socios civiles combinaron el dogmatismo monetarista y una fuerte dosis de activismo estatista; el resultado fue una suerte de “liberalismo desde arriba” que retornó a las fuentes del liberalismo del XVIII. Reivindicaron la necesidad de que el Estado subordinara los privilegios sectoriales y los derechos y garantías individuales a la “razón de la guerra” contra la subversión. Se trataba de caracterizar a la Argentina como una sociedad en guerra. Las fuerzas armadas fueron presentadas como "responsables del destino nacional", con una serie de manifestaciones institucionales y simbólicas:* la negación del estado de derecho, *la suplantación de los poderes constitucionales del gobierno por las tres armas, y *el ejercicio del poder supremo del Estado por la Junta de Comandantes en Jefe y no por un déspota semimonárquico. Los militares y sus mandatarios quedaron a cargo de detectar y castigar todas las formas de comportamiento contestatario en los distintos ámbitos de la sociedad civil. Por otro lado, el Estado se perfiló como el instrumento fundamental en la subversión del "viejo orden" populista, “destruir el modo de acumulación hacia el cual la economía se inclinaba naturalmente" después de más de 40 años. La revolución que proponían los liberales exigía que el Estado se disciplinase a sí mismo, eliminando empresas públicas y empleos "superfluos", desmantelando sistemas de subsidio y absteniéndose de fijar precios sociales para sus servicios. Sin embargo, la reforma del Estado avanzó muy lentamente; los mandos militares sabotearon las iniciativas de Martínez de Hoz sometiendo al frustrado reformador a numerosos vetos a sus propuestas de achicamiento del Estado; encararon proyectos que resultaron en incrementos del gasto público (construcción de estadios, re equipamiento de las fuerzas armadas y grandes obras para la generación de energía). El ministro de economía tuvo más éxito en difundir la consigna acerca de la conveniencia de destruir los "viejos hábitos" de trabajadores y empresarios: en el caso de los trabajadores, la apelación a la idea del mercado respondió al propósito de destruir los mecanismos mediadores (sindicatos y estructura de representación obrera en las plantas) La disolución de las centrales empresariales y de trabajadores y la intervención de los gremios fue presentada como una depuración de una de las numerosas ramificaciones del Estado corporativo populista. La disolución simultanea de la CGt y la CGE alteró el tanteador de la puja social en favor de la burguesía. Los resultados en el campo obrero por el gobierno militar fueron muy exitosos: los años de Videla marcaron el período más extenso de inactividad sindical desde 1943. La transformación económica proyectada por los liberales tenía como objetivo más global modificar el sistema todo de relaciones sociales. Por eso tmb había que reformar a los empresarios. La estrategia adoptada fue la de la instauración de un sistema económico de libre mercado a través de la apertura de mercado interno a la competencia exterior bajo un sistema de protección, las actividades productivas locales gozan de un margen de protección excedente que hace del precio de competencia de la oferta externa un límite superior virtual pero no efectivo. Por debajo de ese límite las empresas como conjunto gozan de la facultad de fijar sus propios precios. Esto hace posible que las empresas y los asalariados convengan entre sí salarios y precios dentro de cada una de las ramas de la producción con exclusión de todo otro interesado (gobierno, clientes y consumidores). Una de las instancias decisivas fue la reforma financiera sancionada en junio de 1977, que implicó prestar atención excluyente al problema inflacionario, tomando decisiones dirigidas a cortar el proceso de auge económico. El hito crucial lo constituyó la adopción de la política de tipo de cambio futuro pautado en dic del 78; dicha política apareció como el desiderátum en materia de política antiinflacionaria y terminó llevando a la economía argentina a un callejón sin salida que la sumió en la crisis más profunda de su historia. Independientemente de la euforia consumista que el dólar barato generó en ciertos sectores sociales, y de la contribución que dichos consumos hicieron a la generación de la crisis, lo más significativo fue que el grueso de los empresarios continuó comportándose como antes de 78 y que la formación de los precios reflejó la persistencia de los patrones de cálculo empresarial previos (no se logró regular el mercado de trabajo a través de los precios industriales sometidos a la competencia externa). La presencia de un sector de bienes intrínsecamente no comerciables y la dualidad en la formación de precios hicieron imposible lograr la regulación "externa" de los precios. El fracaso no hizo más que resaltar la resistencia del viejo modelo —el de la economía semicerrada y el Estado asistencialista— a ser destruido. El fin del autoritarismo: viejos y nuevos dilemas En los primeros años de la década del 80 se fueron revelando la barbarie de la represión y el gangsterismo que dominó la gestión pública a partir del 76. Pero, como ya había sucedido entre 1970 y 1973, los conflictos dentro del ejército, a los que se sumaron las pugnas entre esta arma y la marina comandada por Massera, llevaron a los militares a quebrantar las normas que se habían dado a sí mismos para pautar las sucesiones presidenciales en el contexto del gobierno de facto. Asimismo, dieron un nuevo ejemplo de su incapacidad para redefinir el curso de políticas económicas que probaban su agotamiento. Cuando el reemplazante de Videla, el Gral. Viola, intentó reformas que respondían a demandas de los sectores empresarios afectados por las políticas de Martínez de Hoz, su colega Galtieri comenzó a conspirar para desplazarlo. Bajo la presidencia de Viola, los militares fracasaron en su intento de orientar en su favor la liberalización política de un régimen autoritario, una vez tornados inviables los objetivos iniciales. Terminaron recayendo en prácticas que contribuyeron a minar la estabilidad del régimen autoritario. Reiterando lo ocurrido en 1970 y 1971, los altos mandos comenzaron a conspirar contra el presidente militar que ellos mismos habían designado, a quien demoraron sólo nueve meses en echar. La única sucesión ordenada producida dentro del régimen militar (reemplazo del general Videla en 81) solo sirvió para precipitar la defenestración de Martínez de Hoz y el abandono de las políticas económicas de disciplinamiento y reforma implementadas a partir de 78. Los sucesores, Viola y Galtieri, pretendieron ignorar que la suerte del régimen militar estaba atada al éxito de su política económica. Viola intentó imponerle un tempo reposado a la política y fue barrido por los embates producidos a raíz del descalabro del proyecto económico y las urgencias de sus compañeros de armas. Galtieri, tras fracasar en el intento de retomar la ortodoxia económica liberal, apostó al todo o nada con la aventura de las Malvinas. El desastre militar en el Atlántico Sur contribuyó a la mutilación de otra generación de jóvenes argentinos y al agravamiento de la crisis económica. Tmb consumió la última esperanza de la cúpula militar de redefinir las bases del poder del régimen y la forzó a convocar a los partidos políticos para convenir la entrega del gobierno. Los militares abandonaron toda aspiración de imponer condiciones al gobierno civil que los sucedería, excepto en lo referido a la "guerra sucia” (sus sucesores no innovaran con respecto a la autoamnistía dispuesta por el gobierno del general Bignone, último presidente militar). El inesperado desenlace de las elecciones de octubre de 1983, en las cuales la UCR vencería en su historia al peronismo, frustraría las intenciones de las fuerzas armadas de enterrar el tema de las violaciones a los derechos humanos. En 1975, en un contexto de severa pérdida de eficacia de las herramientas de política económica, se había desatado una crisis aguda que resultaba incontrolable para el gobierno peronista. La Argentina estaba asistiendo al último ciclo expansivo de la matriz económico-política que se había desplegado a partir del período de entreguerras. En ese año se quebró el proceso de crecimiento ininterrumpido del PBI iniciado en 1964, la inflación alcanzó el récord histórico del 182% anual, y las exportaciones cayeron en un 50% con respecto al año previo, generando un déficit en la balanza comercial. Los dos últimos años del gobierno militar, los indicadores económicos tornaron a reproducir la situación de mediados de la década anterior (se repite lo del 75 pero muy agigantado). La decuplicacion del déficit de balanza de pagos constituyo uno de los indicadores más relevantes de q la crisis de las postrimerías del gobierno militar era diferente a la del lustro anterior. Entre las dos coyunturas mediaba el fracaso del intento de reforma dirigido por Martínez de Hoz y las onerosas consecuencias que este fracaso impuso a la economía (y a la sociedad) argentinas y las profundas modificaciones económicas y político-ideológicas que se produjeron en el mundo entre 1975 y 1983, y cómo ellas afectaron a la Argentina. La desarticulación del pacto fiscal Ricardo Carciofi utiliza la expresión del titulo para referirse a la perdida de efectividad de las herramientas tradicionales de política económica que habían permitido implementar las acciones del Estado a partir de la década del 40. Ese fenómeno estuvo vinculado al estallido de los consensos políticos implícitos sobre los que se sostuvo el modelo de economía dirigista y autárquica. En la coyuntura de 1975 ya estaban deshechos los mecanismos a través de los cuales el sector público generaba, gestionaba y transfería recursos financieros. Los principales mecanismos eran: 1) el sistema impositivo, 2) el "contrato intergeneracional” sobre el que descansaba el sistema de jubilaciones y pensiones, 3) el financiamiento de la infraestructura pública y 4) los subsidios al sector productivo privado. El fracaso de la reforma económica intentada por el gobierno militar a partir de 1978, que se tornó evidente a partir de la devaluación dispuesta en febrero de 1981 por el propio Martínez de Hoz hizo reaparecer los síntomas de la crisis que ya se habían manifestado seis años antes. Sólo que en 1981-1983 esos síntomas reaparecieron agravados, al tornarse inmanejable el déficit fiscal. Las políticas económicas implementadas entre 1978y 1981 tuvieron un fuerte impacto negativo sobre las finanzas públicas. Tanto la política antiinflacionaria basada en la sobrevaluación del peso, como los elevados gastos en obras públicas y en compras de armamentos, se financiaron a través del aumento de la deuda externa. En la coyuntura de 1981-1982 confluyeron factores externos e internos para hacer estallar la crisis. Las manifestaciones más directas de los factores externos se vincularon a la suba de los tipos de interés a nivel internacional y a la brusca interrupción de la afluencia de nuevos capitales a la región, fenómeno que afectó especialmente a los grandes deudores (Argentina, Brasil y México).  A su vez, el factor interno más importante tuvo que ver con la acelerada deslegitimación que sufrió el gobierno militar desde 1981. Se sucedieron pronunciados virajes políticos que coincidieron con medidas económicas contrapuestas y cada vez más desesperadas; que sumadas a los cambios políticos alimentaron un fenómeno de total pérdida de confianza en el gobierno y en su capacidad para manejar la economía. A ello se sumó una fuga masiva de capitales gracias a la apertura financiera. Como buena parte de esos capitales eran propiedad de residentes argentinos, las remesas al exterior destinadas al pago de intereses pasaron a constituir transferencias entre argentinos, induciendo así una drástica reversión del sentido de los flujos financieros con el exterior; a partir de esta coyuntura el aumento del monto de la deuda respondió a la capitalización de intereses devengados. Por el otro lado se produjo la licuación de una porción significativa de la deuda privada al ser transferidas las deudas externas e internas de las empresas al sector público. Estas operaciones, al permitir que las empresas privadas recuperaran su viabilidad, lo hicieron a costa de agravar aún más la vulnerabilidad de las finanzas públicas. Ésta fue una de las herencias más pesadas que recibió el nuevo gobierno democrático en 1983.